Acceso a la Informaci贸n en Chile

2 agosto, 2007 en

El Bar贸metro de la Ciudadan铆a presenta en esta edici贸n los datos que dan cuenta sobre la situaci贸n actual de acceso a la informaci贸n en Chile

脕brete S茅samo:

ACCESO A LA INFORMACI脫N EN CHILE
El Bar贸metro de la Ciudadan铆a presenta en esta edici贸n los datos que dan cuenta sobre la situaci贸n actual de acceso a la informaci贸n en Chile.
Si Al铆 Bab谩 y los cuarenta ladrones manejaban una clave para abrir la cueva de los tesoros, 驴debemos los ciudadanos descubrir otra para acceder a la informaci贸n?

Por principio, en Chile toda informaci贸n que est茅 en manos del Estado es p煤blica, pero esto no se convierte autom谩ticamente en libertad de acceso al cien por ciento sobre la misma, pues existen algunas deficiencias. El a帽o 2005 el estudio 鈥淪ituaci贸n del Acceso a la Informaci贸n, la Participaci贸n y Justicia Ambiental鈥 hac铆a notar que el marco legal que regulaba el acceso a la informaci贸n en Chile, no garantizaba expl铆citamente el acceso a 茅sta. En mayo del presente a帽o se public贸 un nuevo estudio sobre el 鈥淒erecho de Acceso a la Informaci贸n P煤blica鈥 en nuestro pa铆s, que revel贸 que entre los a帽os 2004 y 2006 se ha avanzado muy poco en el asunto; para fines del 2006 se hizo p煤blico el Instructivo Presidencial sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Administraci贸n del Estado, que obliga a 240 Servicios P煤blicos a publicar en el link 鈥淕obierno Transparente鈥 ciertas informaciones, como las adquisiciones y contrataciones. A continuaci贸n, los principales datos que dan cuenta del devenir en la materia.

Seg煤n lo demostr贸 el estudio: 鈥淪ituaci贸n del Acceso a la Informaci贸n, la Participaci贸n y la Justicia Ambiental en Chile鈥 del 2005, el derecho al acceso a la informaci贸n no est谩 garantizado expl铆citamente en la Constituci贸n vigente de 1980, pero tampoco lo proh铆be. La investigaci贸n que fue realizada simult谩neamente en otros quince pa铆ses de Europa, 脕frica y Am茅rica, situ贸 a Chile en el contexto latinoamericano por debajo de pa铆ses como Per煤, Ecuador y M茅xico, que lideran el tema en el continente, al haber establecido un consistente marco legal, con bases constitucionales claras y disposiciones especiales en temas ambientales. Seg煤n el mismo estudio[1], Chile se sit煤a en el intermedio de la regi贸n (ver tabla), principalmente debido a la falta de un criterio claro sobre qu茅 tipo de informaci贸n es secreta, en el caso de acceso a la informaci贸n.

Algunas de las principales deficiencias encontradas fueron que:

1.- Las determinaciones de las causales de secreto o reserva est谩n entregadas a la autoridad administrativa.

2.- La obligaci贸n de entregar informaci贸n solo se refiere a los 贸rganos del Poder Ejecutivo y no alcanza al Poder Judicial ni al Poder Legislativo.

3.- La oposici贸n de un tercer afectado a la entrega de la informaci贸n no requiere ser justificada.

En el estudio presentado en mayo de 2007, llamado Derecho de Acceso a la Informaci贸n P煤blica, se siguen destacando las mismas deficiencias, excepto por la Ley General de Bases de la Administraci贸n, que complementa la Constituci贸n ampliando la publicidad a todos los actos y resoluciones de los 贸rganos del Estado, por lo que seg煤n concluye el estudio, no hay que pensar que s贸lo se aplica a la administraci贸n:

鈥淪on p煤blicos los actos administrativos de los 贸rganos de la Administraci贸n del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial鈥.
El estudio mencionado fue hecho con el prop贸sito de 鈥渆valuar las condiciones para ejercer el derecho de acceso a informaci贸n p煤blica, de acuerdo a los est谩ndares nacionales e internacionales en la materia鈥. Seg煤n el Ranking de Peticiones de Informaci贸n Sin Respuesta del a帽o 2004, realizado por Open Justice Iniciative, se presenta a Chile en la c煤spide con un 69 por ciento de silencio en la respuesta de las instituciones frente a la consulta de los ciudadanos, superando a todos los pa铆ses involucrados en el estudio. La cifra ha disminuido en un ocho por ciento en comparaci贸n con el 2006, , seg煤n el cuadro de Resultados Generales Comparados 2004 鈥 2006.

Continuando con el an谩lisis sobre acceso a la informaci贸n, en abril del 2007 se presentaron los resultados del Monitoreo del Cumplimiento del Instructivo sobre Transparencia Activa, que ordenara la presidenta Bachelet en diciembre de 2006. Este Instructivo Presidencial obliga a 240 servicios p煤blicos a publicar de modo permanente en sus sitios web institucionales informaci贸n sobre:

1. Las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, que se efect煤en con recursos asignados (en los subt铆tulos 22, 29, y 31 de sus presupuestos) y los contratistas respectivos, identificando socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.

2. La relativa al personal de planta, a contrata y a honorarios.

3. Las trasferencias de fondos que realicen a personas jur铆dicas con los recursos asignados en los subt铆tulos 24 y 33 de sus presupuestos.

4. Las leyes, reglamentos, dict谩menes y circulares vigentes que conformen el marco normativo que les sea aplicable.

5. Los actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros, mediante la publicaci贸n de los respectivos actos o resoluciones totalmente tramitadas.

De acuerdo a lo publicado por el Monitoreo, el Instructivo no indica cu谩n espec铆fica debe ser la informaci贸n referida a cada 铆tem.

Los resultados del estudio, son producto del seguimiento de una muestra de 33 instituciones a las que iba dirigido el Instructivo, y se demuestra mediante el que la forma en que se presenta la informaci贸n es clara y sencilla; que todos los Ministerios e Intendencias poseen el mismo formato para dar a conocer la informaci贸n; y que es deseable que las mismas pr谩cticas de transparencia activa sean replicadas por el Poder Legislativo y Judicial. Tambi茅n en las conclusiones, se hace hincapi茅 en que 鈥渆s imperioso contar con una buena ley de acceso a la informaci贸n p煤blica, acorde con los est谩ndares internacionales en la materia, que garantice el derecho de las personas a acceder a informaci贸n que no se publica a trav茅s de este medio鈥 y un punto aparte lo constituye la necesidad de crear capacidad de control social que ayude a inhibir actos de corrupci贸n y clientelismo pol铆tico.


[1] Se hace menci贸n al mismo documento, pero desde su versi贸n: Access to information, participation and justice for environmental issues in Chile: How much have we progressed? 鈥 Executive Summary, 2005.